Más datos sobre el caso de las mochilas de la Diputación de Barcelona. Un total de 54 cargos de la institución de beneficiaban de estos complementos salariales –supuestamente ilícitos– cuando el nuevo presidente de la institución, Salvador Esteve (CiU), decretó su suspensión.
Esta cifra corresponde, por decirlo así, a la foto finish del caso. Pero podrían ser más, admiten fuentes que conocen los detalles de la investigación, porque podría haber otros trabajadores de alto rango, hoy ya alejados de la Diputación, que se hubiesen beneficiado de este singular trato a lo largo de los siete años transcurridos desde que en 2004 entró en vigor.
Los cálculos realizados por el momento estiman que, en total, las controvertidas mochilas habrían costado al erario 1,3 millones de euros.
En el 2004, cuando el presidente de la Diputación era José Montilla, se firmó un decreto que autorizaba la creación de las mochilas. Este trato garantizaba que los cargos de la casa que eran cesados en sus responsabilidades, pero seguían trabajando en la Diputación, mantenían su antiguo sueldo durante diez años, perdiendo cada año un 10% de su retribución inicial hasta equiparar su sueldo con su nuevo nivel laboral. En suma, se trataba de una especie de blindaje que se aplicaba por igual en el caso de un descenso de categoría como de un ascenso, según se lee en el propio decreto de 2004 al que ha tenido accesos La Vanguardia. La normativa fue modificada el 2008, cuando el presidente de la institución era el hoy ex ministro Celestino Corbacho, pero en lo sustantivo mantuvo los privilegios que ahora se discuten.
Los beneficiarios eran todos altos cargos, de jefes de servicio hacia arriba y los pluses no se aplicaban por igual a todos los funcionarios de la casa. Para que se entienda: si un bibliotecario de la Xarxa o un sanitario de la red centros de salud de la Diputación descendía de escalafón, no conservaba automáticamente el sueldo que tenía antes. No era una medida universal, sino unipersonal. Cada uno de los beneficiarios de las mochilas obtenía el reconocimiento de este trato mediante un decreto específico. Precisamente la discrecionalidad es lo que explica que, en una institución con más de 12.000 trabajadores en plantilla, sólo 54 contaran actualmente con los decretos que habilitaban sus respectivas mochilas.
Los nombres de los beneficiarios no han trascendido y no trascenderán mientras no exista un dictamen firme sobre la legalidad de estos complementos del salario. Esta tarea corresponde legalmente a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que puede tardar entre dos y seis meses en hacer público su veredicto, según aseguran fuentes de la Diputación.
Sin embargo, todas las fuentes admiten que los beneficiarios de tal medida eran cargos políticos de la confianza –el número de directivos que han hecho carrera de funcionario en la Diputación de Barcelona es muy alto– de los sucesivos gobiernos de la institución presididos durante más de treinta años por el PSC, con el apoyo de ICV y ERC. Por ahora, los portavoces de estos dos últimos partidos han mantenido un absoluto silencio respecto al caso, pese a que, en el pleno del pasado mes de septiembre, votaron a favor de que la medida fuese revisada poniendo en duda, implícitamente, su legalidad. La discreción de todas las formaciones ha sido impuesta por el presidente de la Diputación, Salvador Esteve, quien ha decretado una especie de secreto de sumario sobre las pesquisas que se han realizado hasta ahora en la casa. Mientras la Comissió Jurídica Assessora no se pronuncie, el presidente ha pedido a su gobierno, integrado por CiU y PP, que soslayen el asunto públicamente.
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